Juntos por el Cambio repudió la denuncia de «lawfare» que hará el Gobierno de Alberto Fernández ante las Naciones Unidas (ONU) el día lunes. Allí, hablará de una «guerra jurídica», tal como lo hizo veces anteriores a propósito del juicio y posterior condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner. «Repudiamos la acción de los representantes del Gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», iniciaron.
El comunicado oficial siguió tratando de «insólito» el accionar del oficialismo al acusar «a su propio país de violar los derechos humanos» para buscar «impunidad». Expresamos a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes, dos de juzgamiento, dos de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación», continuaron.
«Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político», explayaron.
Juntos por el Cambio se defiende del endeudamiento
El espacio de Juntos por el Cambio también se defendió de las acusaciones en su contra por el endeudamiento con el FMI, considerado como «criminal». Recordaron así que la deuda se aprobó porque la amplia mayoría de las dos Cámaras del Congreso lo decidió. Además, según ellos, el préstamo «fue utilizado en sus dos terceras partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales».
La cumbre de la CELAC en la mira
En tercer lugar, vieron con preocupación la admisión de presidentes considerados dictadores en la CELAC: Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba). «Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encarguen de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa», mencionaron.
«El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad
internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la
justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción», cerraron. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich fueron dos de los referentes que compartieron el documento.
