Cientos de trabajadores públicos de Venezuela, como maestros, enfermeras y policías jubilados, protestaron en las calles el lunes en reclamo de mejoras salariales, en momentos en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro enfrenta una creciente inflación.
Desde inicios de año, los empleados del sector de la educación y la salud han realizado tres manifestaciones pacíficas en una docena de ciudades del país, donde el salario mínimo fue ajustado por última vez en marzo del 2022. «El año pasado la inflación se cerró en 234%», explicó el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El sueldo mínimo y la pensión mensual es de 130 bolívares, o unos 6 dólares a la tasa oficial. Desde un balcón del palacio de gobierno, donde llegaron simpatizantes al final de marcha de poco más de 2 kilómetros en el centro de Caracas, Maduro expresó que así como habían superado otras crisis, también se superarían «las sanciones criminales que torturan» a Venezuela.
El retraso en la revisión de los salarios ha sido parte de la política del Gobierno de cierre del gasto público, lo que junto con el anclaje del tipo de cambio y la limitación del crédito han buscado frenar la inflación, según analistas. Una estrategia que muestra fisuras por el alza de precios, informó Reuters.
En Maracaibo, capital del otrora potente estado petrolero de Zulia, en el noroeste venezolano, los manifestantes caminaron cerca de un kilómetro hasta la sede de la gobernación. «Esto que estamos viviendo es más que un abuso. Estamos pasando hambre», dijo Gustavo González, un policía en la reserva en Zulia. «Vamos a tener que cerrar el hospital de la policía porque (…) no hay ni un algodón. Los policías del Zulia estamos olvidados, no tenemos zapatos ni uniformes», agregó.