El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre próximo la exigencia a empresas comerciales e industriales para que informen datos de costos y stock, con el fin de profundizar el control de precios. La medida busca la estabilización de los precios internos de productos «esenciales para la alimentación de los argentinos, así como a mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno». De esta forma, a pesar de las quejas de las empresas por los controles, la Secretaría de Comercio renueva su política de control.
En consecuencia, el organismo, según NA, estableció que todas las compañías de comercio e industria que durante 2019 hayan registrado ventas totales en el mercado interno de acuerdo con un determinado monto «deberán informar mensualmente en el ‘Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica’ (SIPRE) los precios vigentes y cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedio, hasta el 31 de diciembre de 2023″.
De este modo, continuarán incluidas en el SIPRE empresas del sector comercio que hayan registrado ventas por más de $113 millones. También, empresas de la industria con facturación anual por encima de los $82 millones. Ese sistema fue lanzado en 2021 para exigir a las grandes empresas que presenten todos los meses información sobre precios. Lo mismo exigen para las cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
Qué deberán informar las empresas
Según lo dispuesto, las empresas que se encuentren alcanzadas por el deber de información establecido por la medida, «deberán informar además los precios y las cantidades producidas y/o vendidas así como también el stock de todos sus productos durante enero de 2023, teniendo plazo hasta el 10 de marzo de 2023».
Comercio justificó esta decisión al señalar que «se considera pertinente continuar con la implementación de políticas relacionadas con la recuperación económica» Marcaron la importancia del «fortalecimiento del mercado interno, el sostenimiento y creación de empleo, el incremento de las actividades productivas y comerciales, la defensa de los derechos de los consumidores y la ampliación de la oferta de bienes y servicios».
Por lo tanto, subrayó que resulta necesario «disponer de información estadística relativa a precios de bienes finales e insumos» Lo mismo con «datos de producción, capacidad instalada utilizada y situaciones de desabastecimiento o escasez, que permita acceder a un conocimiento constante y actualizado de los mismos en sus distintas etapas de producción, distribución y comercialización».
