El estado de emergencia implementado en El Salvador para combatir a las temibles pandillas, y que cuenta con un amplio apoyo público, se mantendrá hasta que todos los delincuentes sean capturados, expresó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, incluso cuando las cárceles se llenen y las denuncias de abusos contra los derechos humanos aumenten.
Desde que el presidente Nayib Bukele solicitó al Congreso que aprobara un estado de excepción en marzo del año pasado, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 64.000 presuntos pandilleros y asociados. Las autoridades estiman que tienen alrededor de 10.000 arrestos más por realizar y la medida se ha extendido periódicamente.
«Mientras tengamos a estos homicidas y estos terroristas huyendo y escapando dentro del territorio nacional, esta medida debe de continuar», explicó Villatoro. El funcionario agregó que las autoridades salvadoreñas estaban trabajando con sus contrapartes en el sur de México, Guatemala y Estados Unidos para encontrar a un número no especificado de líderes de pandillas que habían huido.
La represión a las pandillas salvadoreñas ha reducido a más de la mitad los asesinatos en uno de los países más asolados por el crimen en el hemisferio occidental. De esta forma, atrae el interés de otras naciones que luchan contra la violencia de las pandillas y planteando preguntas sobre qué están dispuestos a ceder los ciudadanos para vivir en calles más seguras, informó Reuters.
El 2% de su población adulta tras las rejas. El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y recientemente inauguró una de las cárceles más grandes de la región, con capacidad para 40.000 reclusos. La extorsión, una de las principales fuentes de ingresos de las pandillas, se ha desplomado, particularmente en la capital.
