Los equipos técnicos del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) liquidaron a Miguel Ángel Pichetto a través de un informe jurídico. Concluyeron que los dichos del auditor general de la Nación y dirigente de Juntos por el Cambio sobre la ministra de Mujeres, Ayelen Mazzina, implicaron “una descalificación discriminatoria por su pertenencia a un grupo especialmente protegido”.
El organismo indicó que en “el informe jurídico elaborado por el área correspondiente se alerta sobre los discursos que niegan derechos y promueven prejuicios y estereotipos. Y su potencialidad de multiplicar prácticas discriminatorias en nuestra sociedad”, según publicó Télam.
Qué había dicho Miguel Ángel Pichetto
Pichetto había dicho el pasado 17 de febrero en La Nación + que “el Ministerio de la Mujer no se expidió” sobre el caso Lucio Dupuy porque esa cartera “Está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer”.
Luego de la polémica por sus declaraciones, el exsenador publicó una serie de tweets en los que señaló que su “intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra con las de las perpetradoras del crimen”. Sin embargo, Mazzina sí se había pronunciado sobre el caso el pasado 2 de febrero, antes de conocerse el veredicto.
“Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la Justicia”, sostuvo la funcionaria. Asimismo, afirmó que estaba “hablando de Lucio para romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio, con una derecha que nos dificulta el debate público”.
Qué objetó el Inadi
Desde el Inadi indicaron que “declaraciones (formuladas por Pichetto) que se analizaron en el informe niegan la igualdad de condiciones y la capacidad respecto de otras mujeres, en este caso, de la ministra Mazzina para ocupar su cargo por el solo hecho de reconocerse como lesbiana”.
“El caso ilustra un argumento falaz que le permite al autor de las expresiones asociar de manera directa, en un vínculo de orden causal, el lesbianismo y la incapacidad para reconocerse mujer o representar al colectivo de mujeres de manera legítima”, consideraron desde el organismo nacional.
Por otro lado, el informe también concluye que las declaraciones analizadas injurian al colectivo de lesbianas a través de la figura de la ministra Mazzina. En este sentido, le atribuyeron al dirigente de Juntos por el Cambio “una supuesta falta de interés sobre el caso de Lucio Dupuy, y señalando como posible causa de esa conducta el hecho de que sus autoras tienen su misma orientación sexual”.
“De esta manera se vincula de manera deliberada un crimen aberrante como el de Lucio con la orientación sexual de las autoras, que, a su vez, como explicita el propio autor de los dichos, coincide con la de la Ministra y motiva su descalificación”, fundamentaron desde el Inadi.
Es por eso que el informe advierte que “las manifestaciones vertidas contienen valoraciones peyorativas respecto de la orientación sexual para referirse al desempeño de una persona, dando lugar a la discriminación materializada en una inferiorización del otro”.
La intervención de la titular del Inadi
El pasado 22 de febrero, la interventora del Inadi, Greta Pena, envió una invitación formal a Pichetto, con el objetivo de “abordar el carácter y las implicancias de sus declaraciones públicas sobre el género y la sexualidad” de Mazzina. “Mediante el diálogo podremos encontrar acuerdos valiosos tendientes a la lucha contra cualquier tipo de discriminación y, de esta forma, contribuir a afianzar los valores de convivencia democrática en nuestra sociedad”, había señalado Pena.
Como respuesta, Pichetto no sólo mantuvo sus posicionamientos públicos, sino que además rechazó cualquier instancia de diálogo. “Los términos de la convocatoria resultan inexactos pues encierran una afirmación falaz”, objetó el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri.
El Inadi indicó que a raíz del informe se están evaluando acciones de prevención y sensibilización. Y recordaron que los funcionarios deben realizar una capacitación en cuestiones de género de carácter obligatorio en función de la «Ley Micaela». Dicha normativa, votada en 2018, incluso por Pichetto como senador, plantea la capacitación en perspectiva de género para los funcionarios públicos de las administraciones nacionales y provinciales, de los todos poderes del Estado.
