El Gobierno de Nicaragua ha privado a 94 ciudadanos de su nacionalidad, según una resolución leída por un juez. La orden afecta a los nicaragüenses que viven en el exterior, pero también a algunos que aún residen en el país. «Soy nicaragüense por la gracia de Dios… si creen que me van a poner de rodillas, están enredados ¡Viva Nicaragua!», expresó Álvaro Navarro, periodista despojado de su nacionalidad.
Además de Navarro, Nicaragua declaró el miércoles «traidores a la patria» a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida a ejercer cargos públicos. También figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez.
«Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. Incitando a la desestabilización del país, promoviendo bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras, todo en perjuicio de la paz y el bienestar de la población», indicó el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía.
Mientras tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, expresó que «este acto deplorable representa un paso más lejos de la democracia que merece el pueblo de Nicaragua». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó en un comunicado a proteger a los afectados por la medida, informó Reuters.
La medida se produce después de que el gobierno «expulsara» a más de 200 presos políticos a Estados Unidos la semana pasada, casi todos destacados críticos del gobierno encarcelados en la represión del presidente Daniel Ortega contra la disidencia en los últimos años. Más tarde, el Gobierno anunció que también planea despojarlos a todos de su ciudadanía.
