(Por Matilde Sera).- San Salvador de Jujuy es una provincia plagada de hechos insólitos. Basta con recordar que se gastaron millones en un ascensor que apenas recorre cinco metros. Bueno, además se dio un increíble caso de un intendente acusado de robarse una plaza. No, no es broma. Ese hecho, rayando el absurdo, se desprendieron fuertes acusaciones por aprietes y persecuciones por parte de Gerardo Morales a intendentes opositores.
Los aprietes de Gerardo Morales
El intendente de la ciudad jujeña de Perico, Luciano Demarco, denunció una «persecución» en su contra impulsada por el gobernador de la provincia. El intendente fue suspendido y espera el juicio político en su contra por denuncias relacionadas con la supuesta usurpación de un espacio verde y con otras acciones dentro de su plan de gestión municipal. Pero además se animó a enrostrarle al mandatario varias promesas incumplidas, relacionadas con las autonomías municipales.
«Se vende a Jujuy como provincia ejemplo de desarrollo, paz y sana democracia. Pero en Perico, como municipio, y también desde VIA como proyecto político provincial, vemos violencia institucional, operaciones mediáticas y distorsión de la realidad», sostuvo Demarco. Las declaraciones las hizo cuando abrió una conferencia de prensa, donde además señaló que todos los intendentes están «ahorcados financieramente».
«El odio que se viene generando contra este proyecto político es por defender, por ejemplo, a Finca El Pongo –donde se siembra marihuana bajo control estatal-, que sabemos que el gobernador Gerardo Morales tiene intereses puestos ahí, en Cannava, sin rendirle cuentas a nadie. No hay órgano contralor que diga que se está haciendo allí, ni en los otros proyectos que están dentro de la jurisdicción», acusó el jefe comunal.
“A mí me atacan por exigir la ley de coparticipación municipal, que prometió el Gobernador en el año 2015. Hoy los intendentes están ahorcados financieramente por el gobierno de la provincia”, señaló el jefe comunal suspendido. Esta semana realizó una presentación judicial para dejar sin efecto la sanción que le impuso el concejo deliberante en sesiones extraordinarias a principio de año.
