Una red de al menos 20 cámaras de tortura en la recientemente liberada región de Kherson, en el sur de Ucrania, fue «planificada y financiada directamente por el Estado de Rusia», afirmaron el jueves investigadores de crímenes de guerra, citando nuevas pruebas.
El Equipo Móvil de Justicia es financiado por Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos. Ha estado trabajando con fiscales ucranianos encargados de investigar crímenes de guerra en toda Ucrania y en Kherson desde que fue recuperada tras ocho meses de ocupación rusa en noviembre. La oficina de prensa del Kremlin no respondió a una solicitud de comentarios, informó NA.
Las primeras noticias sobre las cámaras de tortura de Kherson aparecieron en enero. En este momento, las autoridades ucranianas afirmaron que unas 200 personas habían sido supuestamente torturadas en 10 lugares. Los supervivientes relataron haber sufrido torturas, incluidas descargas eléctricas y técnicas de asfixia.
Moscú niega haber cometido crímenes de guerra o haber atacado a civiles. El equipo fue creado en mayo de 2022 por Global Rights Compliance y respaldado por expertos internacionales y apoyado a la Fiscalía General de Ucrania. El grupo revisa más de 71.000 denuncias de crímenes de guerra en todo el país desde la invasión del 24 de febrero de 2022.
Los testigos describieron el uso de la tortura con descargas eléctricas y el ahogamiento simulado por parte de las fuerzas rusas. Al menos mil supervivientes de las cámaras de tortura han aportado pruebas a los investigadores. También, se ha denunciado la desaparición de más de 400 personas en Kherson.
Los centros de tortura estaban gestionados por distintos organismos de seguridad rusos, entre ellos el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el FSB local de Kherson y el Servicio de Prisiones de Rusia, según el equipo. Reuters no pudo verificar las acusaciones.