El flamante ministro de Seguridad de CABA Eugenio Burzaco defendió el uso de las pistolas Taser. A su vez, planteó la necesidad de aplicar «multas económicas fuertes» y hasta «penas de prisión» para los organizadores de las protestas y cortes de calles. Además, reveló que los homicidios y robos graves registraron descensos, mientras que los arrebatos y robos exprés aumentaron.
«Hace 14 años, cuando fui jefe de la Policía, fui el que promovió el uso de las Taser», afirmó en una entrevista con TN. Y continuó: «Terminamos en un juicio que ganamos en el Tribunal Superior. Recién este mes, empezamos en 2010, nos habilitaron la importación de las armas. En 2023 logramos superar las barreras legales y burocráticas».
Asimismo, en declaraciones a Radio Rivadavia, ratificó que el Gobierno de CABA comprará 60 pistolas de esa clase. Además, remarcó que «tendrán cámaras para registrar los hechos» en que sean utilizadas. «La Taser salva vidas, sobre todo la de terceros porque usar arma reglamentaria en subtes y trenes es un error que puede llevarse a un inocente», justificó.
Represalias contra organizadores de protestas en CABA
A su parte, el funcionario que responde al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta habló respecto a las protestas y cortes en la Ciudad, y postuló la necesidad de regular el derecho a manifestarse y a circular libremente para evitar el caos. «El ciudadano tiene razones para estar hartos de los cortes y hay que moverse hacia cierta decisiones racionales que cambien estas lógicas y que esos cambios sean sostenibles en el tiempo», aseveró.
«La Ciudad no tiene una ley que regule el derecho a manifestarse, y hay dos derechos que concurren manifestarse y la libre circulación. Eso mejoraría la situación porque tenés penas de prisión para los organizadores y multas económicas muy grandes. En Mendoza pusieron leyes más claras, por eso cayó el nivel de cortes», desarrolló.
Asimismo, propuso poder protestar «de una manera ordenada». Sostuvo que «una cosa es manifestarse y otra es afectar los derechos de las personas», al tiempo que denunció negociados en la administración de los planes sociales por parte de las organizaciones. «Hay un negocio del piquete, la intermediación de los planes hace que las personas sean obligadas a ir. Si cambiamos esa lógica y entregamos esos planes directamente vamos a bajar la conflictividad», indicó y pidió una mayor coordinación con el Gobierno Nacional y las provincias.
