Durante la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández dio un discurso en el Congreso de la Nación. El mandatario se refirió a varios temas pero en donde más énfasis puso es en criticar a la Corte Suprema de Justicia, a quienes los acusó de permitir avanzadas de narcotraficantes y de perjudicar a Cristina Kirchner con sus fallos.
Esto no cayó bien en el Poder Judicial y ahora desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia reaccionaron. El organismo emitió un comunicado en el cual rechazan las palabras del jefe de Estado y lo llamaron a que «reflexione sobre el daño que estas actitudes ocasionan a las instituciones» y como los dejan parado ante la sociedad.
Además, el documento firmado por Marcelo Gallo Tagle, titular de la entidad, criticó que era «un acto de esa trascendencia institucional, diseñado para dar cuenta al país sobre el estado de la Nación» y que «fue aprovechado para dirigir un ataque hacia las máximas autoridades del Poder Judicial». De este modo, una nueva disputa entre el Gobierno y la Corte se abrió con Alberto Fernández en el ojo de la tormenta.
La Asociación de Magistrados destacó la actitud de los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, «quienes con innegable estatura cívica, escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de las actividades de otro poder del Estado». Por último, reiteraron que la agrupación «manifiesta su estupor por las palabras del señor Presidente de la República».
Las críticas de Alberto Fernández
El presidente, durante su discurso, sostuvo que «mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país».
«La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce ‘cuestiones políticas no judiciables’. Pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas», agregó.