El expresidente de Perú, Pedro Castillo, negó ante un juez los delitos de corrupción que se le imputan, por los que la fiscal pidió que se le imponga prisión preventiva por 36 meses. Además, afirmó el martes que podría ser sentenciado a hasta 32 años de prisión.
La fiscal Galinka Meza afirmó que hay «283 graves y fundados elementos de convicción» que incriminan a Castillo y otros acusados por el caso. «La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo la comisión de los delitos, la sumatoria, conforme al artículo 50 del Código Penal, nos permite establecer que sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años», dijo la fiscal en la audiencia.
Castillo está acusado de haber dirigido una red, integrada por familiares y colaboradores políticos, dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos. Por lo que se le imputan los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
«Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la república», expresó el expresidente en la audiencia. «Se ha armado un castillo de delitos, con ‘tendría’ y ‘podría’, con colaboradores comprados. Van a pedir 36 meses de prisión preventiva, cuando voy a llegar a 100 días secuestrado», agregó.
Las partes fueron citadas para el jueves para notificarles su decisión acerca del pedido de prisión preventiva. El exjefe del Estado participó de la audiencia por videoconferencia desde la cárcel en Lima. Allí cumple 18 meses de prisión preventiva impuestos en otra causa, en la que está acusado de rebelión y conspiración.
