Este lunes, Reino Unido sancionó a altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). También están incluidos aquellos que eran responsables de administrar las inversiones financieras del grupo. Londres, junto con la Unión Europea y Estados Unidos, ha emitido en los últimos meses varias oleadas de sanciones contra Irán, citando una represión generalizada.
Esto ocurre tras las protestas tras la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre. Las manifestaciones marcan uno de los desafíos más audaces a la teocracia gobernante desde la Revolución Islámica de 1979. Irán acusa a las potencias occidentales de fomentar los disturbios, que las fuerzas de seguridad han respondido con una violencia mortal.
«Hoy estamos tomando medidas contra los principales líderes dentro del IRGC que son responsables de canalizar dinero hacia la brutal represión del régimen», explicó el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly. El IRGC se estableció poco después de la Revolución Islámica de 1979 para proteger el sistema de gobierno clerical chiíta.
Tiene un ejército con 125.000 integrantes, que comanda la milicia religiosa Basij, que a menudo se usa en la represión. Las sanciones, una congelación de activos y una prohibición de viajar a Reino Unido, se impusieron a cinco miembros de la Junta Directiva de la Fundación Cooperativa IRGC y a dos altos comandantes de IRGC que operan en las provincias de Teherán y Alborz, informó Reuters.
Las autoridades iraníes han cometido violaciones en los últimos meses que pueden equivaler a crímenes contra la humanidad, dijo el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos un experto designado por la ONU, señalando casos de asesinato, encarcelamiento, desapariciones forzadas, tortura, violación, violencia sexual y persecución.
