El fiscal general Maximiliano Hairabedian y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba la imposición de una pena de 8 años y 6 meses de prisión para un exprofesor universitario. El hombre está acusado de extorsionar a sus alumnos para aprobar su materia durante el 2000 y 2016.
Se trata de Luis Olmedo, ex titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Está imputado por haber extorsionado a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba. Al pedido de penas también se le sumaron 10 años de inhabilitación especial.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, Olmedo fue señalado como coautor del delito de extorsión continuada junto a Adrián Casalis y Augusto Massimino, dos personas que administraban una institución privada. Allí, se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes en la universidad, para quienes el fiscal solicitó penas de 6 años y 5 años y 6 meses de prisión, respectivamente.
Además, los fiscales también solicitaron una pena de un 1 y 10 meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años a la exdecana Mirta Spadiliero de Lutri al hallarla autora de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Cuándo comenzaron las extorsiones
De acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del ’90 hasta la actualidad, Luis Augusto Olmedo, primero como docente de cátedra inferior, y desde abril de 2004 en su calidad de profesor titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC, abusó de su función mediante distintos actos.
Así, habría ideado un sistema extorsivo. Los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis, primero, y a Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia. La exigencia era cubierta por la fachada de un curso. Bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces.
La intimidación, según Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema. Además, incurría en el ejercicio despótico del cargo, maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos.
Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia. Así, imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar e incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología. Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo.
