En diciembre del 2022 se conoció la condena por la Causa Vialidad para la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. La mandataria obtuvo seis años de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por este caso. Sin embargo, la dirigente apeló al fallo de la Justicia por medio de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y pidió ser absuelta.
Por medio de un escrito de casi 400 páginas, la defensa sostiene que «a lo largo del juicio quedo acreditada, en forma categórica, la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner. Tanto fue así que el tribunal no tuvo más remedio que descartar las tres toneladas de prueba que la fiscalía decía tener en contra de nuestra representada, fundando la sentencia a partir de simples indicios y algunos papeles que a lo sumo deben pesar unos pocos gramos».
En este marco, los abogados de Cristina Kirchner afirmaron que «en cualquier juicio normal, al haber quedado probada la falsedad de la acusación, jueces imparciales hubiesen dictado un pronunciamiento absolutorio«. Sin embargo, cuestionaron la condena contra la expresidenta y reiteraron que «su condena ya estaba decidida» desde antes del fallo.
«La falta de pruebas, los factores externos que contaminaron el trámite del proceso, las graves violaciones al derecho de defensa y las contradicciones internas del fallo ponen por sí solos en evidencia la arbitrariedad de la sentencia aquí recurrida«, aseveraron desde el sector de la defensa que apeló al fallo y ahora pasó a estar en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los argumentos de Cristina Kirchner
A su vez, aseguraron que la exmandataria «no resultó condenada ni por haber liderado una asociación ilícita, ni por haber parasitado las estructuras del Estado, ni por haber asignado ilegalmente obra pública a la provincia de Santa Cruz, ni por haber definido por sí misma las leyes de presupuesto del país ni por haber provocado un apagón informativo en el ámbito del Congreso de la Nación».
En este marco, los abogados defensores argumentaron que «los jueces se valieron de tres circunstancias que de manera alguna pueden validar la consecuencia a la que se arriba: el dictado de un decreto que actualmente sigue vigente y cuya licitud ni siquiera fue objetada en la sentencia; relaciones comerciales entabladas con Lázaro Báez que no forman parte de este juicio y cuya legalidad tampoco fue cuestionada por el tribunal y; los mensajes de texto extraídos del celular de José López, que no fueron enviados ni recibidos por nuestra representada».
Es por ello que llegaron a la conclusión de que «en las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios» pero que no son suficientes para una condena de esta índole.
