A medida que el peso argentino continúa perdiendo valor frente al dólar, se están observando cada vez más prácticas abusivas en la economía cotidiana que antes eran poco comunes. En este contexto, algunos inquilinos en la Argentina están denunciando a propietarios que les ofrecen contratos de alquiler de vivienda y solo les aceptan pagos en dólar billete.
«Esta ley de alquileres actual perjudica lo que es el acceso a la vivienda. El artículo 14 bis de la Constitución nacional dice que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda a todos los habitantes de la Argentina, algo que hace rato no se cumple», expresó en una entrevista para La Nación+, Enrique Abatti, abogado especialista en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.
«Hay muchos acuerdos que son fuera de la ley, incluso, algunos pasan los alquileres en dólar billete, cuestión que es absolutamente contraria a la ley actual. El contrato de locación debe ser en moneda de curso legal y el artículo 765 dice que la moneda extranjera es una cosa y no una moneda. Por lo tanto, el propietario se expone a que el inquilino el día de mañana diga que no es un contrato e inicie un juicio y entonces no podrá recibir dinero durante 2 años del alquiler hasta el inicio de ese juicio», indicó Abatti.
«Nuestros legisladores siguen durmiendo la siesta. El año pasado hubieron varias reuniones con los actores de este tema, es decir, con los representantes de inquilinos y propietarios y corredores inmobiliarios en el Congreso. Hubo dictámenes de mayoría y minoría y hay más de 30 proyectos de modificación para la actual ley que es un verdadero desastre», disparó el dirigente.
«Los legisladores solo están pensando donde van a estar sentados después de las elecciones, incluso, los que votaron esta nefasta ley deberían tener el deber moral de modificarla. Hay dos temas fundamentales a modificar, uno es el plazo (3 años) que es excesivo para la situación actual de la inflación brutal que tenemos y segundo hay que volver al plazo del código civil y comercial que rigió desde el 2015», concluyó.
