La jueza María Eugenia Capuchetti dio hoy por clausurada la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, elevó la causa a la etapa de juicio oral y publico. Lo hizo, pese a la oposición de la querella que representa a la vicepresidenta, a cargo de los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal.
La semana pasada, los representantes de Cristina Kirchner pidieron que se investigue la pista de la pistola 9 milímetros. El arma era insistentemente ofrecida en los grupos de WhatsApp. Con ello, pedían una investigación más profunda del «Grupo Caputo», dirigido por el empresario Nicolás Caputo.
“Se han recibido formalmente los impulsos de las acusaciones pública y privada para avanzar a la etapa de debate”, justificó la jueza la elevación del expediente a juicio. Capuchetti rechazó los planteos de la vicepresidenta. Consideró que la instrucción está incompleta y que no se han explorado varias líneas de investigación que conducen hacia otros potenciales imputados.
“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a [Fernando] Sabag Montiel, [Brenda] Uliarte y [Nicolás] Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar”, añadió.
Explicación del rechazo a la querella de Cristina Kirchner
El rechazo fue explicado en que “las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento”. Y, en ese escenario, “aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
La jueza dejó abierta, no obstante, la posibilidad de seguir investigando. Aun así, resaltó la necesidad de “superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas)”.
Pero anticipó que ni ella, ni el fiscal Carlos Rívolo, encontraron hasta ahora nada que exceda la responsabilidad de los únicos tres detenidos. De hecho, Capuchetti citó el dictamen de Rívolo en el que expresó que “al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”.
