El papa Francisco se reunió el martes con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que realiza un inusual viaje a Occidente, mientras la policía mantenía alejada del Vaticano una pequeña manifestación que exigía respeto a los derechos humanos en la isla.
Un comunicado del Vaticano no dio detalles sobre lo que se discutió durante la reunión de 40 minutos, pero informó que en las conversaciones posteriores de Díaz-Canel con diplomáticos de la Santa Sede el tema fue la situación actual en Cuba. Esto parecía ser una referencia a la grave situación financiera del país.
El presidente cubano expresó después: «Abordamos la realidad cubana actual, en particular el severo impacto en nuestra población del bloqueo económico recrudecido», en alusión a una serie de sanciones que Washington impone a La Habana desde hace décadas.
El martes, el mandatario cubano también dialogó con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. «Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo» las relaciones entre Cuba y la Santa Sede, expresaron. La isla sufre una crisis económica sin precedentes, con una escasez generalizada de alimentos, combustible y medicinas que ha provocado un flujo récord de migrantes a Estados Unidos en el último año, informó Reuters.
Según un comunicado de la embajada cubana, Díaz-Canel expresó su apoyo a los esfuerzos del pontífice por alcanzar la paz, proteger el medio ambiente, promover el desarme nuclear y defender a los pobres. El cubano también tenía previsto reunirse en Roma con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con funcionarios de organismos alimentarios de la ONU.
Protestas por los derechos humanos
Mientras el pontífice y Díaz-Canel se reunían, alrededor de una decena de manifestantes opositores al gobierno cubano realizaron una protesta cerca del río Tíber, a unas seis cuadras de distancia. Habían planeado celebrarla frente a la Plaza de San Pedro, pero la policía no se los permitió. Los manifestantes enarbolaron banderas cubanas e italianas y exigieron la liberación de aquellos a los que consideran presos políticos.
Cuba ha enfrentado duras críticas de grupos de defensa de los derechos humanos, y de Estados Unidos y la Unión Europea, tras el encarcelamiento de cientos de manifestantes luego de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores desde la revolución castrista de 1959. Algunos de los que salieron a la calle, enfadados por los apagones y la escasez en medio de la pandemia del coronavirus, exigieron un cambio de gobierno.
Las autoridades cubanas han declarado que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 son culpables de delitos como desórdenes públicos, resistencia a la autoridad, robo y vandalismo. A pesar de la creciente presión internacional, no se han retractado de estos argumentos.