El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó este martes la conciliación obligatoria por 15 días para evitar el paro de trenes por 48 horas. Diversos sindicatos ferroviarios habían anunciado un plan de lucha que para el miércoles desde las 0.00 en los ramales operados por las empresas Metrovías y Ferrovías. Por el momento, la medida sigue vigente para el jueves a partir de la medianoche ramales operados por Trenes Argentinos.
La Unión Ferroviaria, la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y la Asociación de Señaleros vienen amenazando desde hace varios días con iniciar una medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales. No obstante, la misma ahora quedó suspendida, a partir de la intervención de Trabajo. La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo se encargó de difundir la disposición, según NA.
La misma establece “intimar a las entidades sindicales y, por su intermedio, a los trabajadores por ellas representados, a dejar sin efecto, durante el período (de conciliación) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
Ese organismo también intimó a Ferrovías y Metrovías a “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal”.
Asimismo, exhortó a las partes en conflicto a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias y contribuir, de esa manera, a la paz social y a mejorar el marco de las relaciones laborales en el seno de las empresas involucradas”. Para Trabajo, el paro en esos trenes “resulta de extrema gravedad por las características de la actividad involucrada, considerada imprescindible en la vida cotidiana de los ciudadanos”.
Por consiguiente, consideró necesario “disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado”. “El objetivo primordial no sólo es tratar de avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo que solucione el conflicto de origen sino, y en primer término, garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes”, enfatizó.