El personal de discapacidad (psicólogos, psicopedagógos, maestros de educación especial, acompañantes terapéuticos, transportistas de personas con discapacidad y más) están luchando por obtener aumentos salariales justos y enfrentan pagos atrasados por parte de la Superintendencia de Salud (SSS) que depende del Gobierno nacional. Se ha anunciado que llevarán a cabo un paro los días 8 y 9 de junio, a partir del mediodía, frente a la Casa Rosada, el Obelisco y la SSS, como medida de protesta.
Durante la última reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas en favor de las personas con discapacidad, llevada a cabo el 1 de junio en la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad, se acordaron aumentos salariales que fueron considerados insuficientes por las organizaciones del Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el Gobierno nacional se estableció un incremento del 4,5% para mayo, que se facturará en los primeros días de junio, y otro aumento del 5% para junio, que se facturará en los primeros días de julio. Estos aumentos fueron recibidos con decepción por parte de los representantes del personal de discapacidad, quienes argumentan que no son suficientes para hacer frente a la creciente inflación mensual. De hecho el promedio mensual de inflación no es menor a 7,5%.
En su comunicado, el Foro destacó que estas promesas incumplidas por parte del Gobierno profundizan la crisis que enfrenta el personal de discapacidad. Las organizaciones demandan una respuesta efectiva que garantice aumentos salariales justos y adecuados, así como el cumplimiento de los pagos atrasados por parte de la SSS. Además dejaron en claro que, para el mes de julio, se estará en un 20% de retraso con respecto al ritmo inflacionario actual.
Hoy un acompañante terapéutico que trabaja para una obra social cobra 1100 pesos la hora y con una carga horaria máxima semanal de 40 horas el sueldo por mes es de $174.840 por debajo del promedio de los convenios de trabajo del país que no son menores a 200.000 pesos. Desde el Gobierno no hay respuestas y los trabajadores se siguen agrupando en las calles para reclamar por sueldos dignos.
