Cristina Kirchner recusó al camarista federal Mariano Llorens en un remanente de la causa conocida como Ruta del Dinero K. Una asociación civil –que no es parte en el expediente- apeló el sobreseimiento de la vicepresidenta y pidió que siga bajo investigación. Se trata de la causa en la que el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuán. Con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobreseyó a Cristina Kirchner tras una extensa investigación.
La asociación Bases Republicanas, cuya presidencia en uso de licencia es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura Jimena De la Torre, apeló el sobreseimiento pese a que no es “parte” en el expediente, según NA. Mediante un escrito firmado por su dirigente Valeria Viola, pidió ser tenida como querellante y la revocación del sobreseimiento para la vicepresidenta.
La Cámara Federal debe resolver si la acepta como querellante y de eso depende una eventual reapertura de la investigación. La defensa de la vicepresidenta, a cargo de los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy rechazó a la asociación como pretensa querellante. Además, recusó a Llorens porque ya fue apartado en un expediente conexo y por temor de parcialidad.
Llorens desestimó ambas causales invocadas y sostuvo que la defensa de la Vicepresidenta sólo pretende su apartamiento por “su disconformidad” con lo que resolvió en otros expedientes en los que le tocó intervenir. “Frente a que lo expresado por los recusantes no se ajusta a ninguna de las causales (de recusación), concluyo que lo requerido debe ser rechazado”, sostuvo Llorens. La decisión final está en manos de la propia Cámara Federal.
El sobreseimiento de Cristina Kirchner
El 5 de junio, Casanello desvinculó a la titular del Senado del expediente porque desapareció la acusación. Tanto el fiscal, como la UIF y la AFIP, consideraron que no había elementos para inculparla. “Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición”, explicó.