Javier Milei está envuelto en un problema debido a las denuncias realizadas por exmiembros de La Libertad Avanza. El precandidato a presidente recibió acusaciones por parte de Juan Carlos Blumberg y Carlos Maslatón. Ambos fueron citados por el fiscal federal Ramiro González. Éste abrió «una causa preliminar» para investigar el pedido de dinero para candidaturas.
En los últimos días trascendió que Javier Milei, precandidato a presidente de La Libertad Avanza, vendió candidaturas por su espacio político a 50.000 dólares. Esta fue la acusación del empresario Juan Carlos Blumberg que rápidamente se viralizó y, frente al silencio del economista, dejó entrever que podía ser cierto. También, tiempo atrás, lo había hecho Carlos Maslatón.
Otra de las denuncias contra el economista está puesta en el supuesto entramado político con Sergio Massa. Allegados y miembros del partido que lidera del diputado afirmaron que tiene estrecho vínculo con el ministro de Economía. Según el precandidato a presidente todo se trata de una campaña sucia en su contra a pocas semanas de las PASO.
«Argentina está repleta de delincuentes de guante blanco, operadores a sueldo, corruptos disfrazados de moralistas y políticos camaleones que saltan de un lado a otro. Pero eso no te lo cuenta nadie. Estamos viendo la campaña de difamación mas grande la historia argentina solamente porque venimos a plantear una Argentina distinta», señaló Javier Milei.
A raíz de la viralización de las denuncias, el juez federal con competencia electoral, Ramiro González, decidió iniciar una investigación preliminar. Para comenzar con la averiguación citó a Juan Carlos Blumberg. El empresario textil confesó que le pidieron dinero para ocupar cargos. Entre los nombres que dio se encuentra la hermana del legislador, Karina Milei.
Hasta el momento no hay ninguna denuncia planteada ni de Blumberg a Milei ni viceversa. Según NA, Ramiro González determinó iniciar la investigación “en el marco de las facultades y obligaciones que tiene esta Fiscalía Federal con competencia Electoral” para “determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”.
