La fundación que lidera Patricia Bullrich está bajo la lupa por los dudosos fondos que, según el Gobierno nacional, utiliza para su campaña electoral. Por medio del Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, se dictaminó la intervención por 180 días. Sin embargo, cuando los interventores designados quisieron ejecutar la orden se encontraron con una ONG cerrada por vacaciones.
Una de las precandidatas que tiene Juntos por el Cambio, a nivel nacional, es investigada por la Justicia. Miembros del oficialismo pusieron en duda la transparencia de la ONG que comanda Patricia Bullrich. Uno de los encargados de denunciar a la exfuncionaria fue Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. Y se dispuso a intervenir la por 180 días.
El titular de la IGJ, Ricardo Augusto Nissen, lanzó un comunicado respecto a la situación en que se encuentra el instituto que comanda la exministra de Seguridad: «Los ingresos de la institución fueron de $741,93 en el año 2019; $488.989,70 en el año 2020; $7.942.106,69 en el 2021 e ingresos cercanos a los $90.000.000 en el 2022. Algunos de estos ingresos estaban referidos a almuerzos y cenas y la gran mayoría referían al dictado de seminarios pero sin ninguna especificación de la temática, lugar ni fecha de realización de la supuesta actividad educativa”, reza el escrito.
“Pudo constatarse que hubo millonarios gastos destinados a financiar traslados, alojamientos y logística de la campaña política tanto en el país como en el exterior. Asimismo, se abonaron servicios de consultoras y honorarios de profesionales y colaboradores de la precandidata», añade el comunicado que salió de la Inspección General de Justicia.
A raíz de la denuncia, la IGJ dispuso que se intervenga el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), fundación de Bullrich. La destinada a intervenir la ONG fue Norma Cristóbal, miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sin embargo, cuando se dispuso a cumplir la orden, se topó con un edificio «cerrado por vacaciones».
Según informó NA, la asignada a intervenir llegó a Avenida de Mayo 953, tercer piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Acompañada de un escribano especializado intentó iniciar el trabajo destinado, pero no lo logró concretar. Un cartel la esperaba en la entrada, donde anticipaba que del 24 al 31 de julio el instituto permanecería sin actividades.
