Hoy se cumplieron 15 años desde que la Corte Suprema de Justicia emitió un histórico fallo que ordenaba el saneamiento integral del Riachuelo. A pesar de algunos avances, la emblemática cuenca, habitada por más de 4 millones de personas y que representa el 10% de la población del país, aún no logra garantizar la salubridad de su entorno.
«Todavía los estudios revelan que el grado de contaminación es el mismo y pasaron 15 años. Recordemos que este fallo se inició por la denuncia de una vecina que demandó al Estado por la contaminación del Riachuelo y a partir de ahí, la Corte después ordenó la limpieza total», expresó la periodista que presentaba la noticia en La Nación+.
La creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y las tareas de limpieza de márgenes y recolección de residuos sólidos han sido algunos de los pasos positivos en el proceso de saneamiento. Sin embargo, Acumar no ha logrado mejorar las condiciones del agua ni la calidad del aire en la cuenca baja del Riachuelo. El bajo nivel de implementación del Plan Integral del Saneamiento ha sido cuestionado.
Uno de los principales desafíos es la contaminación de la cuenca, causada principalmente por los efluentes cloacales (70%), los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales. Aunque se han registrado avances en la construcción de obras de infraestructura de agua y saneamiento, aún queda camino por recorrer para lograr un saneamiento integral como pide la Justicia.
«Recuerdo en una ocasión que China nos habían ofrecido limpiar el Riachuelo, pero pedían que todo lo que se encontrara allí (basura reutilizable) debía quedar en manos de ellos. Sin embargo, no se logró el acuerdo», comentó el conductor del noticiero Eduardo Serenellini. La falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de datos precisos sobre la capacidad de recepción de contaminantes del río también generan preocupación.
El Riachuelo sigue siendo la zona de promesas incumplidas
Algunas organizaciones de la sociedad civil siguen de cerca la causa y demandan mayor transparencia en el proceso. La situación habitacional de las familias que viven en la cuenca también representa un desafío. A pesar de la sentencia de relocalización de poblaciones vulnerables, aún hay cerca de 2000 familias que esperan una solución habitacional adecuada.
A pesar de los esfuerzos realizados, las dificultades persisten debido a los cambios de gobierno, la falta de continuidad en los proyectos y la necesidad de una mayor fiscalización por parte de ACUMAR y los municipios. La creación de un cuerpo colegiado, compuesto por el Defensor del Pueblo de la Nación y diversas ONG, para controlar el cumplimiento de la sentencia no ha sido posible debido a la falta de designación del Defensor. Esta situación ha dificultado el seguimiento y la supervisión del proceso.
