Una promesa presidencial de diálogo, recibida con escepticismo por la oposición, marcó en Perú una semana de fiestas patrias que transcurrió entre protestas, represión y demostraciones de malestar popular. En el momento en que la presidenta Dina Boluarte usaba su discurso ante el Congreso para pedir disculpas por la violencia con que se respondió a las protestas de meses pasados, a unos metros había nuevos choques.
Boluarte estableció un récord al hablar casi tres horas ante el Congreso. Planteó el pedido de perdón, aunque, según sus críticos, sin asumir culpas por la represión que dejó desde el 7 de diciembre pasado 49 muertos en acciones directas o 77 si se consideran hechos colaterales, informó Télam.
«Declaro nuevamente, y con mucho dolor, que el saldo de víctimas y heridos es un lamentable resultado que nadie quiso. Con profunda y dolorosa consternación pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, policías, civiles y militares, y también a los heridos», dijo la presidenta.
La postura no convenció. No solo la oposición consideró que no hubo convicción y arrepentimiento, sino que incluso en sectores de derecha, aliados al gobierno, hubo reparos. «Pidió perdón en tercera persona, como si tuviera que pedir perdón por una cuestión abstracta. Dijo que va a contribuir con las investigaciones, pero todos somos conscientes de que la responsable de las masacres, la jefa de las Fuerzas Armadas, es ella», dijo la excongresista de izquierda Indira Huilca.
El discurso no incluyó ninguna referencia a esos comicios, pedidos, según sondeos, por más de 90% de los peruanos. La elusión fue usada por los críticos para insistir en que lo que le interesa a la mandataria es llegar hasta 2026, para patear hacia adelante procesos que presumiblemente tendrá que afrontar por temas de derechos humanos y corrupción.
En cambio, la oradora dedicó largos fragmentos para hacer promesas en todos los sectores y culpar de los problemas económicos y sociales a su antecesor y exsocio político Pedro Castillo, a quien reemplazó después de que fuera destituido por el Congreso el 7 de diciembre.
