Este miércoles, a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, y publicado en el Boletín Oficial bajo el número 435/2023, el Gobierno anunció la creación de una Comisión para recibir y analizar denuncias sobre violencia institucional en Jujuy durante y después de las protestas contra la reforma de la Constitución provincial.
Se trata de la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. De acuerdo al texto publicado, replicado por NA, estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes. Los mismos se desempeñarán con carácter ad honorem.
Según el decreto, entre los objetivos de la Comisión se encuentra «receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional» local.
Además, también deberá «recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en Jujuy».
La meta es elaborar un informe en un plazo máximo de 60 días para elevarlo a Congreso y la Corte Suprema de Justicia, «conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos».
Por los tiempos establecidos, el informe final sobre los hechos de violencia institucional en Jujuy podría tener impacto en el final de la campaña electoral antes de las generales del 22 de octubre. En caso de publicarse después de los comicios, serán en la antesala a un posible balotaje.
Los integrantes de la nueva comisión
La reforma de la Constitución jujeña generó un importante rechazo de la población de la provincia norteña. El descontento derivó en movilizaciones, cortes de ruta y serios incidentes durante varias semanas. La situación fue repudiada por el Gobierno nacional. Luego, se judicializó la modificación de la Carta Magna provincial e intervino el PJ de Jujuy por haber apoyado las reformas.
El coordinador de la Comisión será el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski. Lo acompañarán la titular de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, Gabriela Kletzel; y expertos de reconocida trayectoria en materia de derechos humanos. Los mismos serán designados por el ministro de Justicia, Martín Soria. Además, se invitó a los organismos de derechos humanos internacionales a designar un representante para oficiar como veedor del desarrollo de la Comisión.