El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró un estado de emergencia de 60 días en la nación andina luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Calificó el hecho como un ataque a la democracia del país. «Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizarán en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y elecciones libres y democráticas el próximo 20 de agosto», expresó.
«Necesitamos estar unidos ahora más que nunca», agregó. «Villavicencio fue asesinado el miércoles en Quito, lo que provocó un tiroteo entre los asesinos y el equipo de protección del candidato», manifestó Lasso. Agregó que los atacantes también arrojaron una granada de mano que no explotó.
Un sospechoso murió después del ataque, nueve personas resultaron heridas y seis sospechosos fueron arrestados. El asesinato de Villavicencio genera más confusión en el inestable entorno político de Ecuador. Una encuesta publicada poco antes de su asesinato mostró al exreportero en el segundo lugar entre los ocho candidatos presidenciales antes de la votación, detrás de la principal candidata socialista, Luisa González.
«Este es un golpe mortal a la democracia de Ecuador», expresó a Bloomberg César Ricaurte, presidente de la organización de defensa de los medios Fundamedios. «Las mafias han dado un golpe de Estado», agregó. Villavicencio, de 59 años, se convirtió en un nombre familiar en Ecuador durante el gobierno del mandatario Rafael Correa. Lo había denunciado por escándalos de corrupción relacionados con préstamos de China y financiamiento ilegal de campañas.
Fue uno de los periodistas más destacados de Ecuador antes de ser elegido para la legislatura en 2021. Se había comprometido a renegociar contratos con compañías petroleras y mineras extranjeras y a adoptar una línea dura con los cárteles de la droga. Durante la campaña, Villavicencio señaló que sabía que podía ser atacado, pero dijo que no se echaría atrás.
«Aunque me amenacen, con la mafia no se hacen tratos», había dicho a los periodistas. La muerte de una figura de tan alto perfil, alguien que estaba bajo protección policial tras recibir reiteradas amenazas, disipa cualquier ilusión de que la marea ha cambiado en la guerra contra el crimen organizado en América Latina.
