La Cámara baja aprobó hoy una excepción en la ley de fueros que protege a los representantes del Poder Legislativo para que el diputado del PRO Gerardo Milman entregue su teléfono celular para investigar su supuesto rol en el intento de magnicidio a Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado. Las bancadas mayoritarias acompañaron la moción que se votó a mano alzada. Así, se logró la aprobación con más de las tres cuartas partes de los votos necesarios.
Antes de la sesión de este miércoles en la que se estaba tratando la ley de Alquileres, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había apoyado por unanimidad de todos sus representantes una petición de la jueza María Eugenia Capuchetti para que la Cámara baja autorice la incautación del dispositivo de Milman.
De acuerdo con una línea de investigación que sigue la jueza, el diputado del PRO y ex mano derecha de Patricia Bullrich habría dicho dos días antes del atentado que «cuando la mataran a Cristina Kirchner», él iba a estar «camino a la Costa». Esta pista surge del testimonio de un asesor legislativo que habría atestiguado la supuesta conversación oral entre Milman y dos de sus colaboradoras en el bar Casablanca. Allí, el legislador les habría transmitido ese mensaje de tinte mafioso.
El abogado del diputado macrista, Manuel Barros, entregó el celular en el juzgado de Capuchetti. No obstante, presentó un escrito manifestando su discrepancia con que su teléfono sea examinado y adelantó que apelará la resolución por la cual el dispositivo fue secuestrado.
Pedido de secuestro del celular de Gerardo Milman
La Cámara Federal había ordenado el secuestro del teléfono celular del diputad Gerardo Milman. “Teniendo fundamentalmente en cuenta la excepcionalidad que revisten las presentes actuaciones en cuanto a la magnitud por la gravedad que tiene el hecho objeto de la investigación, entendemos que no deben restringirse diligencias -en el marco de su pertinencia- que puedan admitir avanzar o excluir responsabilidades en la pesquisa”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi según NA.
“Estamos ante un hecho histórico sobre el que ninguna duda debe quedar pendiente de dilucidación. En la medida que exista una sospecha y una posibilidad de progreso en la averiguación de la verdad, las diligencias probatorias no deben restringirse, siempre en consonancia con el respeto a los derechos y garantías que el proceso requiere”, añadieron.