La líder de la Coalición Cívica y precandidata al Parlasur por Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, denunció este jueves a la vicepresidenta Cristina Kirchner por el fallo en Estados Unidos contra la empresa estatal YPF que obliga al Estado nacional a pagar al menos US$ 5 mil millones. En este sentido, ‘Lilita’ responsabiliza a la expresidenta por la indemnización que la Argentina deberá pagar a un fondo buitre tras la reestatización de la petrolera.
Carrió había presentado una denuncia en 2006 y ahora amplió esa presentación con la denuncia contra la titular del Senado y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en el momento de la reestatización era ministro de Economía. En la presentación, la exdiputada nacional consideró el “daño mayúsculo” que esa medida causó al Estado por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012.
La denuncia se amplió luego de que el país perdiera un juicio en los Estados Unidos contra un fondo buitre que obliga a pagar unos 5 mil millones de dólares como mínimo. ‘Lilita’ elevó el escrito ante el juez federal Ariel Lijo, ante quien advirtió que el juicio en Nueva York “puede causar un daño mayúsculo a la Argentina, ya que puede quedar sancionado el Estado Nacional a pagar una suma que puede llegar a los 16.000 millones de dólares”.
Lijo tiene una causa abierta en 2006 para investigar «esta trama delictual en la que oportunamente he denunciado a Cristina Fernández de Kichner (actual Vicepresidenta de la Nación), Julio De Vido, Carlos Zanini (actual Procurador del Tesoro de la Nación), Axel Kicillof (actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Baratta y Enrique Eskenazi (Grupo empresario Petersen)”.
Carrió fue uno de los pocos diputados que se opuso a la forma en que Cristina y Kicillof nacionalizaron YPF-Repsol en el 2021 y mandó a redactar esta ampliación de denuncia mientras se recupera de “un cuadro compatible con déficit isquémico transitorio (cerebral)” que sufrió hace dos semanas en Santa Fe, en medio de la campaña electoral.
En estos términos, Carrió solicitó que “se amplíe la investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal y las conductas delictivas en las que pudieran estar incursos los funcionarios públicos a cargo de la nacionalización de YPF SA y de las presentaciones en defensa de los intereses de la República Argentina (judiciales y extrajudiciales) ante el Juzgado de Nueva York”.
