El gobernador electo de San Luis, Claudio Poggi, denunció una maniobra de corrupción del actual gobernante de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, y dijo que retiró 88 millones de dólares de dinero público sin permiso de la caja de seguridad de la provincia. Según Poggi, el objetivo del saliente funcionario es dejar a los sanjuaninos sin respaldo financiero para los próximos 4 años.
«Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión de vaciar las arcas provinciales, retirando los últimos 88 millones de dólares de reservas que el Estado provincial tenía en caja de seguridad. Culmina su mandato dejando a San Luis sin fondos y comprometiendo recursos de presupuestos futuros«, disparó Poggi en su cuenta personal de Twitter.
«Pretende (Alberto Rodríguez Saá) finalizar su mandato dejando tierra arrasada e intentando destruir la paz social de nuestra provincia. No tengan dudas que sobre las ruinas que deja este gobernador, desde el 10 de diciembre vamos a construir un futuro que le devuelva la esperanza y alegría a todos los sanluiseños», sentenció el dirigente afiliado a Juntos por el cambio.
Claudio Poggi denuncia un aumento desmedido de empleados públicos
Desde la perspectiva de la oposición puntana, las recientes medidas tomadas por Alberto Rodríguez Saá se ven vinculadas a su intento de ampliar el número de empleados públicos en la provincia antes de finalizar su mandato. La semana pasada, el Senado provincial aprobó una modificación al artículo 11 de la ley de presupuesto 2023, que limita a 33.757 la cantidad de trabajadores estatales que el gobierno puede contratar y establece que «el Poder Ejecutivo provincial no podrá aumentar el número total de cargos».
La modificación en cuestión elimina una prohibición que previamente limitaba al Poder Ejecutivo provincial de aumentar el número total de cargos y horas cátedra en el gobierno. La nueva redacción señala: «El Poder Ejecutivo provincial podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra antes establecidos, y deberá priorizar la designación de aquellas personas beneficiarias del Plan Inclusión Social que se encuentren cumpliendo funciones en los establecimientos públicos, y que reúnan el perfil y función requerida. El aumento sólo podrá realizarse cuando se cuente con el recurso presupuestario correspondiente; asimismo podrá disponer modificaciones en la distribución de los mismos».
Este cambio ha suscitado preocupación en la oposición puntana, que considera que puede abrir la puerta a un aumento desmedido de empleados públicos y gastos gubernamentales. Previamente, existía una restricción que limitaba el gasto corriente al 50% del presupuesto total de la provincia, con un enfoque en inversiones de capital e infraestructura.
Sin embargo, esta línea se rompió en agosto de 2020, cuando el gobierno de Alberto Rodríguez Saá logró aprobar un cambio en la Ley Permanente de Presupuesto de San Luis, suspendiendo la vigencia del inciso B del artículo 2, que establecía esta restricción para el gasto corriente. Desde el entorno de Rodríguez Saá todavía no respondieron ante la denuncia mediática.
