La Cámara Federal confirmó este jueves el procesamiento de dos personas acusadas de haber hecho espionaje ilegal el día en que apareció muerto el entonces fiscal Alberto Nisman. Los actos se habrían realizado sobre el exjefe de la Secretaría de Inteligencia, Antonio ‘Jaime’ Stiuso, y la jueza federal de San Isidro y viuda de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Utilizando una clave de usuario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los acusados habrían monitoreado sus registros migratorios.
Así se dictaminó en el marco de la causa donde el juez federal Julian Ercolini investiga el supuesto espionaje ilegal sobre jueces, fiscales y periodistas, entre otros; y a partir de una denuncia de la actual candidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Las tareas de espionaje ilegal sobre Stiuso y Arroyo Salgado estuvieron vinculadas a sus movimientos migratorios, y cuando el fiscal Nisman apareció muerto en su departamento, algo que se está investigando como homicidio.
“Hasta el momento, la fiscalía y el juez posaron especialmente la atención en determinadas consultas de movimientos migratorios materializadas desde un usuario de la Dirección de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia”, explicó el tribunal, según NA. “Las consultas se refirieron a Stiusso y a Arroyo Salgado. Las identidades en cuestión no son inocuas; responden a la lógica de la trama que se viene describiendo. También lo hace la sede en que se produjo el origen de la averiguación”, lanzó la sospecha.
“Y el cuadro se completa con las fechas en que ello sucedió”, puntualiza el dictamen. No se trató sólo de una consulta, pues sobre los movimientos de Stiuso lo hicieron en 38 oportunidades, la primera de ellas el 18 de enero de 2015, el día de la muerte de Nisman. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah fueron los encargados de confirmar los procesamientos contra los exfuncionarios K Pablo Palá y Alexis Lesa que realizaron el espionaje desde Paraná, en Entre Ríos.
“Hay razones fuertes para presumir que los eventos no fueron aislados, sino que obedecieron a una actividad generalizada dirigida a determinados objetivos, en un contexto (por la época de los acontecimientos y los hechos que se produjeron por entonces) particularmente relevante”, marcaron los camaristas, quienes además ordenaron al juez Ercolini profundizar la investigación.
“Las implicancias, derivaciones y alcances de lo anterior deben seguir profundizándose, pero ya a esta altura, lo expuesto fortalece la hipótesis de que habría existido involucramiento de funcionarios de los organismos en danza en el seguimiento y búsqueda de información de los damnificados”, añadieron. La prueba sobre los dos procesados es que la dirección IP asociada a la consulta es en un domicilio de Paraná que ocupaban los dos acusas y a un teléfono también vinculado a ellos.
“Los datos quedaron registrados en la Dirección Nacional de Migraciones, que los informó. Incluyen usuarios de la Agencia Federal de Inteligencia (o SIDE o SI, según anteriores denominaciones), de la Dirección de Inteligencia Criminal – Ministerio de Justicia-, de la AFIP (tanto de la DGI como de la DGA), de la UIF y del Banco Central. Aún se está profundizando la investigación sobre si existieron fundamentos legales de todas aquellas averiguaciones. Esta tarea no está completa y debe continuarse. Pero algunas informaciones ya se colectaron”, sostiene el fallo.
