En un giro inesperado en el caso de la expropiación de YPF, el Gobierno argentino habría presentado una propuesta para pagar la suma de US$15.100 millones al bufete de abogados Burford, que recientemente ganó un juicio de US$16.000 millones relacionado con la expropiación de la petrolera argentina. El error de Axel Kicillof como interventor en la mala estatización de la empresa en 2012 generó otra deuda más para el país.
Según fuentes cercanas al proceso y citadas por la agencia NA, esta oferta representa un reconocimiento implícito de la sentencia dictada por la jueza de Nueva York, Loretta Preska. En un principio, la Argentina se había negado a entablar negociaciones, lo que la colocaba en riesgo de tener que pagar la suma completa de US$16.000 millones.
La firma Latin Advisor, a través de su consultor privado Sebastián Maril, informó que Burford previamente había acusado a Argentina de no querer negociar, pero ahora se ha presentado una oferta oficial por parte del país sudamericano, abriendo así un nuevo capítulo en este prolongado litigio. No obstante, el proceso está lejos de llegar a su fin.
Todavía quedan varias etapas procesales antes de que la Argentina deba efectivamente realizar el pago a Burford. Además, se informa que el monto a pagar tiene una tasa de interés variable (en dólares), que actualmente está en el 5,4%, lo que está generando una presión adicional sobre los diplomáticos argentinos para buscar una solución pronta.
El resultado de una mala maniobra del kirchnerismo para recuperar YPF
El fallo de la jueza Preska, emitido la semana pasada, estableció que el Estado argentino (no la compañía) deberá compensar a los demandantes por la forma en que el Gobierno de Cristina Kirchner y Axel Kicillof expropió YPF en 2012. El caso se centró en el incumplimiento de los estatutos de la compañía, que otorgaban a sus acciones un estatus jurídico superior a las decisiones soberanas debido a su cotización en la Bolsa de Nueva York.
El caso no se limita únicamente a Burford, ya que también involucra al grupo judicial Eton Park, aunque su participación es de menor relevancia en términos de la sentencia. La decisión de la jueza Preska ha generado controversia en Argentina, con críticas de figuras políticas como Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quienes han vuelto a utilizar el término «buitres» para describir a los demandantes en este litigio.
El caso de YPF continuará siendo objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional mientras se desarrollan las próximas etapas procesales y se negocia el acuerdo entre la Argentina y Burford. La decisión de los abogados del Gobierno argentino de admitir su derrota y buscar una solución monetaria marca un importante cambio en la dinámica del caso, que ha sido seguido de cerca en los círculos financieros y legales internacionales.
