La candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, organizó un acto en la Legislatura porteña para «homenajear a las víctimas del terrorismo». Frente a esto, organizaciones de Derechos Humanos y el sector más duro del kirchnerismo repudiaron el evento y enviaron un proyecto a Diputados para dejar constancia de ello.
El firmante por el lado K es Hugo Yasky quien expresó: «Reafirmamos que el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida en la última dictadura cívico-militar y que el intento de realizar un acto de estas características es, además de una provocación, una negación a la verdad histórica, una práctica negacionista que intenta nuevamente instalar la teoría de los dos demonios«, afirmó.
«Es una afrenta a la vida democrática que se encuentra a meses de cumplir 40 años. Son 30.000!», agregó el diputado oficialista. En los fundamentos de la iniciativa, señala que hay un contrato social pro el cual «no hay discusión en cuanto a que a partir del 24 de marzo de 1976 la dictadura cívico militar, usurpando el poder, asoló a la Argentina e instauró como política el terrorismo de Estado».
Yasky definió este último concepto como «una metodología que sembró el país de campos de concentración, secuestros ilegales, torturas, asesinatos en masa, fusilamientos, apropiación de bebés, niños y niñas, saqueos de propiedades y bienes y la conmoción del tejido social en su conjunto».
«Las fuerzas armadas y de seguridad fueron las ejecutoras de una política de represión sistemática que tenía como objetivo principal exterminar todo tipo de resistencia política, social, cultural y lucha popular, es decir, todo tipo de lucha contra las injustas estructuras socio-económicas dominantes. Esta resistencia y esa lucha fueron denominadas ´subversión´ por los agentes represivos y grupos de poder de facto», subrayó.
Al respecto, destacó que «actualmente hay acuerdo generalizado en los tribunales acerca de que estos hechos –en cualquiera de sus posibles modalidades- son crímenes de lesa humanidad. Hoy en día, las personas condenadas por estos delitos suman 1136, existiendo 73 causas elevadas a juicio que aguardan debate y otras 273 tramitan en la fase de instrucción. Hay 696 personas detenidas; de ellas, 537 tienen arresto domiciliario», cerró.