El sector agroindustrial de la Argentina levantó la voz en medio de la turbulencia que rodea al caso de posible expropiación de Vicentin por parte del Banco Nación para cobrarle una deuda impaga. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) han instado a las autoridades políticas a mantener la objetividad y evitar la politización de las decisiones judiciales relacionadas con la empresa en quiebra.
En respuesta a la reciente decisión judicial de no homologar el acuerdo propuesto para el pago a los acreedores de Vicentin, CIARA-CEC han emitido un comunicado enfatizando la importancia de respetar los procedimientos legales y la independencia de los Poderes del Estado. En declaraciones citadas por la agencia NA, señalan que el incumplimiento de estos principios puede generar inseguridad jurídica, desafíos para la propiedad privada y riesgos laborales.
«Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de poderes. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país», relataron los exportadores en un duro comunicado que se hizo viral.
«Esto (la intromisión del Estado en Vicentin) puede tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso puede deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequia y tensiones sociales de público conocimiento», aseguraron desde el sector agro.
El Banco Nación, uno de los acreedores de Vicentin, celebró la decisión judicial y denunció que la empresa había tomado préstamos por valor de U$S 300 millones de manera engañosa durante el gobierno de Mauricio Macri. En última instancia, CIARA-CEC instan a las autoridades nacionales y provinciales a no politizar las decisiones judiciales que aún no están firmes y a evitar emitir mensajes que puedan poner en riesgo los empleos en la industria agroindustrial nacional.
Esta declaración refleja la preocupación de la agroindustria por la situación de Vicentin y la necesidad de garantizar un proceso legal justo y equitativo en medio de la crisis económica y las tensiones políticas que rodean el caso.
También dejaron en claro que si el Estado continúa «con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industrial».
¿Qué dice Vicentín?
La empresa enfrenta una deuda significativa de más de US$1500 millones y ya presentó una propuesta de pago que abarcaba un período de 12 años para reembolsar a los acreedores, lo que representaría más del 30% de la deuda total y permitiría a la empresa salir del proceso de concurso preventivo. Sin embargo, la reciente decisión del juez fue inesperada para la compañía. El magistrado decidió abrir un período de concurrencia conforme al artículo 48 de la ley de concursos y quiebras, lo que significa que ahora se da la posibilidad de que un acreedor o una parte interesada externa pueda presentar una oferta mejorada para asumir el control de la empresa cerealera mediante un proceso legal llamado «cramdown».
Si, para el viernes 29 de este mes, que es el último día hábil de septiembre, no se presenta ningún interesado en el registro de propuestas, como lo establece el período de concurrencia, el camino quedará despejado para que el juez a cargo de la causa declare la quiebra de la empresa agroexportadora. Desde el Banco Nación dicen que recibieron una propuesta irrisoria de pago a 56 años sin intereses resarcitorios.
