El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó este viernes una denuncia formal ante el presidente Alberto Fernández por los nombramientos, contrataciones y concursos en el Estado nacional. Le reclamó la suspensión inmediata de lo que calificó como “medidas populistas” con las que “pretende comprar la voluntad del electorado”. Apuntó así a los decretos y resoluciones de designaciones en distintas áreas de la administración pública y condicionarán la futura gestión que asumirá el 10 de diciembre, según sostuvo.
Qué dice la denuncia de Milei
En la recta final de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, Milei denunció que la finalidad de las disposiciones fue “manipular al electorado, despilfarrar los recursos del Estado e imponer condicionamientos a quienes los sucederán tras las próximas elecciones”. Asimismo, pidió expresamente que Fernández “se abstenga de desplegar cualquier conducta material; o bien dictar o ejecutar cualquier acto administrativo que pueda condicionar y/o dificultar la gestión de las próximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
En este marco, el aspirante a la Presidencia objetó la resolución 607 de la Secretaría de Energía, que en julio pasado llamó a concurso abierto para cubrir los cargos de presidente y vicepresidente del Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). También otras disposiciones de la Jefatura de Gabinete para cubrir más de 455 cargos en los ministerios de Seguridad y de Obras Públicas y en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).
En una presentación dirigida al jefe de Estado, Milei también cuestionó el decreto 443/2023 (Programa de Incremento Exportador o ‘dólar soja’); y la resolución 1285/2023 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que el el 28 de agosto -15 días después de las primarias (PASO)- llamó a concurso para la adjudicación de bandas de frecuencias destinadas a la prestación del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes.
Milei también le reclamó a Fernández que instruya a los órganos y entidades integrantes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada para que “revoquen las medidas y se abstengan de dictar o ejecutar actos o de desplegar conductas materiales que afecten o puedan afectar los recursos del Estado nacional” más allá de la fecha en que finaliza su mandato.
Entre otras medidas objetadas se encuentra la resolución 336 del Conicet, que en abril pasado aprobó “los perfiles aportados por las universidades y otros organismos nacionales para la convocatoria al ingreso a la carrera del investigador científico y tecnológico, destinada a incorporar 180 investigadores en la modalidad del fortalecimiento del programa I+D (Investigación y Desarrollo).
Los argumentos de Milei
En sus argumentos, Milei habló de “cuatro años de absoluta inactividad y ausencia de políticas públicas serias en materia económica”, así como “apartamiento de los marcos regulatorios aplicables a los servicios públicos, restricciones inadmisibles al comercio exterior, regulaciones sobre el mercado de divisas, falta de políticas en materia de infraestructura y energía, y de un crecimiento inusitado del sector público nacional”.
“El Poder Ejecutivo Nacional -encabezado, en los hechos, por el actual ministro de Economía y candidato a Presidente (Sergio Massa)- pretende comprar la voluntad del electorado mediante medidas de carácter populista, carentes de planificación o análisis económico alguno y con un costo fiscal elevado, que deberá ser atendido por las próximas autoridades de gobierno”, se quejó el libertario.
En esta línea, sostuvo que esos actos “son nulos y su objeto está viciado, por ser manifiestamente irrazonables y contrarios a la legislación”. También denunció que existe “el vicio de desviación de poder”, al entender que las decisiones vulneran “el interés público definido por el ordenamiento jurídico”. Y argumentó: “El ropaje invocado para justificar las medidas ilegítimas no sirve para convalidarlas”.
“Frente a la proximidad de las elecciones generales, todo desvío de poder, por el cual el partido gobernante se sirva de los recursos estatales para beneficio propio, no solo constituye un hecho evidente y notorio de corrupción, sino también un atentado contra el sistema democrático”, concluyó Milei, quien citó el artículo 36 de la Constitución nacional y el artículo 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
