Luego de la demanda judicial presentada el año pasado y previo al inicio de la campaña hacia las elecciones, Fernando Espinoza volvió a la carga con el reclamo que el municipio de La Matanza le hace al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una deuda del orden de los 100 mil millones de pesos. El reclamo es en concepto de tasas impagas y daños ambientales en terrenos que Horacio Rodríguez Larreta tiene en el municipio.
Según publicó La Política Online, durante la última dictadura, se desalojaron varios asentamientos porteños y los trasladaron a La Matanza. Por esos años, se le entregó al gobierno porteño el dominio de los terrenos. Desde aquel entonces, en La Matanza aseguran que la deuda por tasas municipales impagas supera los $20 mil millones. A eso, le suman más de $80 mil millones por daños ambientales y sociales.
Sucede que, al tener el carácter de «transitorio» las construcciones que se fueron realizando en ese predio, nunca se hizo una planificación urbanística acorde. Por eso, es que la comuna de Espinoza hace el planteo de daños sociales y ambientales.
El año pasado, en la Legislatura porteña se hizo el traspaso de las 58 hectáreas en cuestión a La Matanza, pero el municipio no declinó su demanda. Ahora, vuelve a la carga con la creación de una comisión especial que no contó con el respaldo del arco opositor. La avanzada oficialista generó incomodidad en el bloque de Juntos por el Cambio, que optó por abstenerse de votar una iniciativa que plantea la demanda de recursos para el distrito.
Pero, por otro lado, el destinatario del reclamo es un gobierno actualmente administrado por el PRO. «Después de muchísimos años, la gestión de Juntos por el Cambio en la Ciudad ha cedido las tierras sobre las que están asentadas estos barrios en épocas de dictaduras militares», dijo el candidato de Juntos en el distrito, el concejal bullrichista Eduardo «Lalo» Creus.
Por su parte, el titular del bloque oficialista, Rolando Galván, explicó que «hay inequidad enorme en los recursos» entre La Matanza y la Ciudad. Y agregó: «Somos más de dos millones de habitantes y tenemos el presupuesto más bajo. Esa inequidad debe ser remediarla».