El fiscal federal Guillermo Marijuan ha tomado medidas significativas en relación con la denuncia presentada por la diputada Graciela Ocaña, la cual implica a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros. Esta denuncia acusa a ambas funcionarias de una serie de delitos, entre ellos el incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.
Según fuentes judiciales, el juez interino Daniel Rafecas, a cargo del juzgado federal número 9, remitió la denuncia a la fiscalía de Marijuan, quien ha decidido avanzar en la investigación y ha imputado a las dos funcionarias. Asimismo, se han ordenado una serie de medidas de prueba para recopilar toda la documentación relevante en el caso.
La denuncia en cuestión sostiene que Batakis y Barros habrían intervenido en la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como «Pitty, la numeróloga», para un curso de coaching por un monto de 1.800.000 pesos, así como en la designación de familiares en cargos dentro del Banco Nación. Además, se investiga la autorización de sumas significativas de dinero a favor de Barros y otros pagos irregulares.
Batakis otorgó puestos a familiares
Se menciona la designación de Héctor Javier Silva, exesposo de Batakis, como gerente de Sistemas del Banco Nación. Además, se nombró a Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, para ocupar una gerencia en la casa matriz del BNA. Por otro lado, Barros habría autorizado varios plus y premios que le permitirían alcanzar un sueldo mensual que se estima en aproximadamente $9.000.000.
También se plantea que Juan Manuel Romero, pareja de María del Carmen Barros, recibía una remuneración mensual de $700.000, pero trabajadores de la entidad insinuaron que prácticamente no asistía a trabajar. La investigación también busca obtener información adicional sobre las contrataciones y los sueldos de los involucrados, así como esclarecer el propósito de la contratación de «Pitty, la numeróloga» y si esta se realizó mediante licitación pública o contratación directa.
La denuncia presentada por la diputada Ocaña alega que estas decisiones se tomaron sin el aval del directorio del Banco Nación, lo que constituye una irregularidad grave. Se ha solicitado que se investigue si estas contrataciones y nombramientos obedecen a un uso indebido de fondos públicos y si se cumplió con los procedimientos adecuados.
A medida que se despliega la investigación, queda en evidencia la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión de los recursos públicos, así como una revisión detenida de las acciones llevadas a cabo en el Banco Nación durante este periodo. Por ahora, desde el entorno de Batakis no han respondido ante la denuncia.
