La Cámara Federal de Casación declaró “inadmisible” un planteo de “nulidad” de la defensa de Gabriel Carrizo, el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “los copitos”. La sentencia se realizó en una causa derivada de la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. El atentado ocurrió el 1 de septiembre de 2022 y, desde allí, se investigaron a los implicados.
La defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, había planteado la “nulidad tanto de los informes periciales elaborados por la División Scopometría de la Superintendencia Federal de Policía Científica de la Policía Federal Argentina y la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, como del acta de allanamiento labrada al inicio de la investigación”, según NA.
Esos registros se vinculaban con el hallazgo de “dos DNI ajenos. Fueron hallados en su domicilio en Morón en ocasión de ser allanado por las fuerzas de seguridad tras el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación”. “La prueba cuestionada fue colectada ilícitamente, situación que no podrá ser subsanada a futuro”, reclamó la defensa de Carrizo.
Pero los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes integran la Sala IV de la Cámara de Casación, consideraron que el planteo no se dirigía contra “una sentencia definitiva ni a ella equiparable”. La defensa de Carrizo “no había logrado demostrar que la resolución cuestionada irrogue un agravio actual de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior”.
Qué significa el fallo para Carrizo
El fallo significa que Carrizo deberá afrontar un juicio oral ante un tribunal de la localidad bonaerense de San Martín por la tenencia de los dos DNI ajenos. Los otros dos detenidos por el intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ya fueron condenados a un año de prisión en suspenso por un hecho similar.
Carrizo está detenido desde septiembre de 2022 como “partícipe secundario de intento de homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego”. Luego de los allanamientos, se abrió otra causa por tenencia de DNI ajeno en un juzgado de Morón.
