El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, solicitó el lunes 30 años de prisión para Jeanine Añez por el delito de «genocidio», en el marco de la acusación contra la exmandataria y otras autoridades por las muertes durante las protestas postelectorales en el país vecino en el año 2019.
Lanchipa presentó una lista de acusados por los más de 30 fallecidos registrados en enfrentamientos durante las masivas manifestaciones sociales ocurridas en las localidades andinas de Sacaba y Senkata. Además de Añez, son señalados por los crímenes varios de sus excolaboradores y exjefes militares y policiales.
Según la acusación de la Fiscalía, efectivos militares hicieron «uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil». «Estos hechos acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central del Gobierno a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana», explicó el fiscal general.
Según Lanchipa, los elementos aportados por la investigación «son múltiples, convergentes y unívocos», para establecer la responsabilidad penal de las personas que serán llevadas a juicio. Entre los señalados se encuentran los entonces ministros de Gobierno, Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a los que la Fiscalía acusa de «la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida», informó Reuters.
A la lista se le suman los nombres del entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana; el jefe del Estado Mayor, Pablo Arturo Guerra; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez; y los respectivos comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de tierra, entre otros.
Después de las protestas que sucedieron a la salida de Evo Morales del poder en 2019, la vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, asumió como presidenta interina y dirigió el país hasta que Luis Arce ganó las elecciones en 2020. La expresidenta, de 56 años, ya fue condenada el año pasado a 10 años de prisión tras ser declarada culpable de fomentar un golpe de Estado contra el gobierno socialista liderado por Morales a finales de 2019.
