Este lunes, la asamblea encargada de redactar una nueva Constitución en Chile dio luz verde al documento final, en el cierre de esta etapa que en un segundo intento busca reemplazar la carta magna vigente. Tras una extensa jornada, la propuesta fue aprobada por 33 votos a favor y 17 votos en contra en el llamado Consejo Constitucional de 50 miembros, dominado por fuerzas de derecha.
El proyecto será enviado en los próximos días al presidente Gabriel Boric, quien dará curso al plebiscito programado para el domingo 17 de diciembre. Y tras el fracaso del primer intento en un referendo en septiembre del año pasado, este segundo esfuerzo avanza sin certezas y en medio de críticas por falta de consensos amplios, aunque las perspectivas han cambiado levemente.
Según la última encuesta de Cadem, un 51% votará en contra, mientras que un 34% lo hará a favor, el mejor registro desde mayo pasado. «Mientras nos acercamos al plebiscito la brecha se va cerrando, las personas van poniendo más atención, van conociendo de qué se trata del documento. Mi intuición es que va a seguir cerrándose la brecha y será una elección más reñida de lo que anticipamos hoy con las encuestas», dijo a Reuters el analista político Kenneth Bunker.
Según Cadem, un 58% de los encuestados está en desacuerdo con iniciar un tercer proceso constitucional. Es el segundo intento en cuatro años por reemplazar la carta magna vigente, que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980, pero sometida a decenas de reformas a lo largo de los años, la más profunda en 2005 bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos.
Si el nuevo proyecto es rechazado en diciembre, sigue vigente el texto actual. Escribir una nueva Constitución fue un camino político adoptado tras extensas protestas sociales a fines de 2019. Pero desde entonces los chilenos han ido cansándose del proceso en medio de un clima de polarización política, estancamiento económico y problemas emergentes como el avance del crimen.
La incertidumbre en este asunto, así como las dificultades del gobierno, fue considerado por la agencia S&P en su reciente decisión de rebajar la perspectiva de la calificación crediticia de Chile a negativa desde estable. Boric ha manifestado que no impulsará un nuevo proceso constitucional. No se ha involucrado de manera activa en este proceso actual a diferencia del primero.
