La presidencialista Patricia Bullrich apuntó contra sus contrincantes Sergio Massa y Javier Milei por el «descalabro económico». A raíz de la fuerte corrida cambiaria y el alto déficit fiscal que produce la emisión monetaria, la exministra de Seguridad reafirmó sus criticas contra el oficialista y el libertario, y ratificó su promesa de «ordenar la economía argentina».
Con el título «Vamos a resolver el descalabro económico», la titular en uso de licencia del PRO subió un video en las inmediaciones de la Casa de la Moneda para criticar a la Compañía de Valores Sudamericana (antes conocida como Ciccone Calcográfica). No sólo lo hizo para cuestionar la alta emisión, sino el objetivo oculto detrás de la estatización: tapar la corrupción del ex vicepresidente Amado Boudou.
«La empresa Ciccone es uno de los emblemas de la corrupción kirchnerista y en donde funciona la Casa de la Moneda. Aquí es en donde el ministro de Economía Sergio Massa imprime billetes de forma descontrolada que hacen cada día más pobres a los argentinos», introdujo la candidata presidencial en sus redes sociales.
«Mientras Massa le tira nafta al fuego imprimiendo plata que no tiene, Milei asusta a los ahorristas y agrava la situación. A partir del 10 de diciembre, en JxC nos haremos cargo del desastre económico que nos dejan. Con Carlos Melconian y su equipo tenemos lo que se necesita para ordenar la economía argentina», finalizó Patricia Bullrich.
¿Qué es el caso Ciccone que Patricia Bullrich denuncia?
Ciccone Calcográfica era la única empresa privada autorizada y capaz de producir papel moneda. En 2010, la imprenta quebró por una deuda impositiva de 60 millones de pesos. Entonces, la entonces presidenta Cristina Kirchner envió un proyecto al Congreso de la Nación para estatizarla en el año 2012. A pesar de que era deficitaria y de que sus accionistas estaban investigados por lavado de dinero, la Casa de la Moneda se hizo cargo.
La empresa habría sido adquirida por el abogado y «arrepentido» Alejandro Vandenbroele, quien habría actuado como testaferro de Amado Boudou para hacerse de un negocio que iba a ser alimentado desde el propio Estado. Por ese motivo, el Tribunal Oral Federal número 4 lo condenó, en agosto de 2018, a la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
