A principios de octubre, la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, llegó a la provincia de Buenos Aires para ser intervenida quirúrgicamente. La dirigente estuvo internada en el Hospital Italiano de La Plata bajo la custodia de policías luego de haber sido condenada en Jujuy por delitos de Asociación ilícita, extorsión y fraude.
A la militante la sometieron a una angioplastia para intentar colocarle un stent venoso por su cuadro de trombosis venosa profunda. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse y ahora fue dada de alta y deberá mantener un tratamiento ambulatorio por los próximos 60 días. Durante ese lapso de tiempo se quedará aquí y luego regresará a Salta.
En un comunicado de la agrupación se informó que Milagro Sala se mantendrá con «control, tratamiento farmacológico y rehabilitación por el equipo de salud del hospital en forma ambulatoria, con vigilancia estrecha de su evolución». En caso de que su cuadro no mejore, la líder de la Tupac Amaru podría ser internada nuevamente, por lo que no volará hacia el norte del país por precaución a que eso ocurra.
Cabe recordar que en diciembre del 2022 fue diagnosticada con un cuadro de trombosis y un edema generalizado en su pierna izquierda. En ese momento le realizaron dos intervenciones quirúrgicas que mejoraron su condición de salud pero que en los últimos meses se agravó considerablemente. Ante esto, su médico de cabecera, Jorge Rachid, alertó que «es una bomba de tiempo» su situación y que empeoró por la falta de atención en Jujuy.
Las causas de Milagro Sala
La dirigente social se hizo muy conocida desde 2016, cuando se la acusó de haber ocupado tierras de manera ilegal y de haber construido viviendas sin autorización. Como si eso fuera poco, también se la acusó de corrupción, precisamente de malversación de fondos públicos destinados a proyectos de vivienda social y otros programas sociales implementados por su organización.
En 2019 fue condenada a 13 años de prisión por fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de $60.000.000 del Estado destinados a la construcción de viviendas sociales. Por su edad y condición, le otorgaron la prisión domiciliaria y la Corte Suprema de Justicia, en 2022, ratificó su condena.
