En los últimos compases de su mandato como gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá firmó un decreto que otorga el pase a planta permanente de más de 5.000 empleados del Estado provincial contratados que cuenten con más de seis meses de antigüedad. Esta decisión se produce a solo un mes de que el gobernador electo, Claudio Poggi (Juntos por el Cambio), asuma el cargo el 10 de diciembre.
Según el decreto, con fecha del 30 de octubre, se establece la efectivización de los contratados a partir del 1 de noviembre de 2023, siempre que tengan una antigüedad de seis meses o más en el Escalafón General de la Administración Pública Provincial. Esta medida significaría la incorporación de aproximadamente 5.600 trabajadores al plantel fijo de la provincia.
Además del pase a planta permanente, el decreto 10140-MHP-2023 también establece aumentos salariales de hasta el 100% para los empleados públicos, así como incrementos en los montos percibidos por distintos cargos en las áreas de personal policial, docente y de salud, entre otros. También se prevén aumentos en los planes sociales y asignaciones.
Alberto Rodríguez Saá le sigue dando a la rosca política en San Luis
Esta controvertida decisión es la última de una serie de acciones polémicas que ha llevado a cabo Rodríguez Saá después de perder las elecciones frente a Claudio Poggi. La oposición ha denunciado que el gobernador saliente ha estado creando «un gobierno paralelo» y tomando medidas que exceden su mandato.
En este contexto, también ha generado preocupación el pago de un anticipo financiero a empresas, incluyendo a Rovella Carranza (una firma investigada en la causa de los cuadernos de las coimas), para la realización de obras que se extenderán más allá del período de gobierno de Rodríguez Saá. El monto mencionado en este contexto es de 21.000 millones de pesos.
Alberto Rodríguez Saá finaliza su cuarto mandato como gobernador de San Luis, con un historial político marcado por la alternancia en el poder con Claudio Poggi y conflictos familiares en la política provincial. La decisión de incorporar a miles de empleados públicos contratados en el tramo final de su mandato ha suscitado debate y preocupación en la oposición.
