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Uruguay: renunció el ministro del Interior por un pasaporte emitido a un narcotraficante

Sebastián Marset, un presunto narcotraficante, recibió un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el sábado que aceptó la renuncia del ministro del Interior y otros funcionarios de su gobierno por el caso relacionado con un pasaporte emitido a un presunto narcotraficante buscado internacionalmente.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario, Guillermo Maciel, y el asesor, Roberto Lafluf, dejarán sus cargos a partir de este lunes, agregó el mandatario en una conferencia de prensa. La presidencia de Uruguay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre la renuncia de Heber.

La investigación indaga en cómo Sebastián Marset, un presunto narcotraficante, recibió un pasaporte uruguayo mientras estaba detenido en los Emiratos Árabes Unidos por documentos falsificados. Al final lo dejaron ir. Marset es buscado en Uruguay, Paraguay, Brasil y Estados Unidos.

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, renunció el pasado miércoles tras la publicación de una llamada telefónica de noviembre de 2022 en la que parecía sugerir que su subsecretario ocultaba pruebas relacionadas con la investigación de pasaportes. Bustillo negó el viernes haber actuado mal y dijo que no sabía quién era Marset cuando se emitió el pasaporte.

«Eso es para el Ministerio del Interior», expresó a los periodistas, insistiendo en que el Ministerio de Relaciones Exteriores había actuado correctamente al emitir el documento. Lacalle Pou, quien regresó de Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden, manifestó que los funcionarios renunciados podrían defenderse en los tribunales.

«Ese pasaporte debía haberse dado sí o sí. Nos guste o no», añadió Lacalle Pou al afirmar que así lo permiten las leyes. El mandatario agregó que está «convencido de que el ministro del Interior» así como otros dos funcionarios no tienen «responsabilidad legal» por el otorgamiento del pasaporte