En medio de la conmoción por la brutal golpiza que dejó en coma a Lázaro, un niño de 13 años en una plaza de Córdoba, la vicepresidenta electa de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, se pronunció sobre el Régimen Penal Juvenil argentino y pidió bajar la edad imputabilidad a los 14 años como medida para frenar la violencia adolescente.
Villaruel expresó en una entrevista para Canal Doce de Córdoba que propone reducir la edad de imputabilidad a los 14 años. «Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, así que tenemos obligaciones que responden a eso», señaló la candidata, resaltando que es parte de las propuestas del partido cuando asuman el 10 de diciembre.
«Nosotros proponemos bajar la edad de imputabilidad. Ante intentos de homicidio, violaciones, delitos graves se supone que un menor de 14 años ya tiene conciencia de la delictuosidad del acto», afirmó Villaruel. Además, destacó la necesidad de «reformar el sistema de minoridad» en general, enfatizando que los hogares no deben ser un «aguantadero» sino lugares de rehabilitación y resocialización.
Villarruel al día con la agenda de inseguridad
La trágica situación de Lázaro, convertido en la sexta víctima grave de ataques perpetrados por menores en el 2023 en Córdoba, ha generado un debate sobre la imputabilidad de los adolescentes. Lázaro, quien lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital de Niños de Córdoba, fue atacado por 16 adolescentes, provocándole un daño cerebral irreversible.
La propuesta de Villarruel coincide con una serie de casos de violencia perpetrados por menores, incluyendo apuñalamientos, tiroteos y asesinatos. La situación ha llevado a manifestaciones en Córdoba exigiendo la baja en la edad de imputabilidad. Mientras la familia de Lázaro busca justicia, el caso destaca la urgencia de abordar el problema de la violencia juvenil y las consecuencias de la inimputabilidad en casos graves.
Este incidente subraya la necesidad de revisar las políticas relacionadas con la responsabilidad penal de los adolescentes y de encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los jóvenes y la garantía de la seguridad pública. El caso de Lázaro y otros eventos similares ponen de manifiesto la importancia de abordar de manera integral el sistema penal juvenil para prevenir futuros episodios de violencia.
