El cambio de Gobierno generó una revisión general de las cuentas del Estado y el fiscal federal Guillermo Marijuán se está encargando, parcialmente, de ello. En este marco, el letrado confirmó que 8.583 personas que accedieron al Potenciar Trabajo eran empleados públicos provinciales, dos factores que no son compatibles entre sí y generan un desvío de dinero.
En total, cobran $7.5 mil millones anuales, según datos que obtuvo hasta ahora de 10 de las 23 jurisdicciones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia donde más empleados cobran el Potenciar Trabajo es Tucumán con 1.145; le siguen La Rioja, con 1.060 -entre 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, 652; Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; y Santa Cruz, con 128.
En Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof dispuso que cada uno de los ministros cumpla con la demanda judicial y allí también encontraron irregularidades: En el Ministerio de Seguridad (809); Cultura y Educación (858) y Jefatura de Gabinete, (576). Solo en esas tres áreas se identificaron 2.243 personas que cobran el Potenciar Trabajo y son empleados estatales también.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) les pidió «hacer cesar los efectos del delito«, mediante la suspensión o baja, y una vez impulsada la acción penal, dictará la orden al área que gestiona el Programa Potenciar Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, para que suspenda los planes involucrados.
La acusación
El fiscal acusó a la gestión anterior y a estos casi 9 mil empleados de «la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública; así como también contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que por sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
«A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales. Esto es $609.600.000 anuales», denunció en relación al caso específico de Jujuy.
