A días de abandonar el cargo, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, desafió la decisión de paralizar los emprendimientos estatales que anunció el presidente electo, Javier Milei, y creó un programa para combatir la corrupción. El «Programa de Participación y Control Ciudadano en la Obra Pública» estará bajo su conducción hasta el domingo.
La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 347/2023. Según los considerandos, el plan «busca contribuir al funcionamiento de todas las áreas y organismos descentralizados que integran el Ministerio de Obras Públicas», replicó NA. De acuerdo a lo que trascendió, el Ministerio de Obras Públicas pasaría a ser una secretaría dentro del Ministerio de Infraestructura, que estará a cargo de Guillermo Ferraro.
De acuerdo a la interpretación del actual ministerio, el programa manejará parámetros «de acuerdo a parámetros de integridad, transparencia, cooperación, innovación y participación, colaborando asimismo en la formación de una sociedad más inclusiva e igualitaria, respetuosa de la perspectiva de género, la diversidad y orientada al desarrollo sostenible».
En el artículo 1 de la resolución, el programa deberá «promover la efectiva participación y control ciudadano en la obra pública, impulsando la generación, el fortalecimiento e institucionalización de espacios de comunicación y diálogo, y de herramientas destinadas a propiciarla, teniendo en cuenta la importancia de la transparencia como presupuesto esencial para hacerla efectiva».
Añadió que se impulsa la transparencia como «estrategia para consolidar las políticas de mejora de la gestión pública y como garantía democrática, en el marco de un modelo de gestión de gobierno abierto». «La Dirección de Acceso a la Información Pública de la Dirección Nacional de Integridad Y transparencia, tendrá a su cargo el seguimiento de las solicitudes y comentarios efectuados a través del módulo de participación ciudadana de la Plataforma Mapainversiones», agrega resolución.
Y «deberá articular con las áreas de este Ministerio de Obras Públicas que correspondan, la elaboración de una respuesta clara, simple y precisa al ciudadano, con la mayor celeridad posible y en un plazo máximo 20 días», según establece la norma.
