La Justicia estadounidense ha rechazado la solicitud del gobierno de Javier Milei de prorrogar el plazo por 90 días para presentar garantías por el caso YPF, lo que obliga al país sudamericano a abonar la cifra de US$16.000 millones el próximo 10 de enero. En caso de incumplimiento, el 11 de enero podría desencadenarse el pedido de embargos, según la decisión de la jueza Loretta Preska.
La postergación de este millonario pago, derivado de la nacionalización de YPF en 2012, fue solicitada mediante una apelación que buscaba una prórroga de 90 días, argumentando las posibles dificultades que este desembolso supondría para los argentinos. La magistrada, a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan, rechazó el pedido argentino.
En caso de no cumplir con la fecha límite, la empresa Burford Capital, que adquirió en 2015 el derecho de reclamar el pago por parte de Argentina, podría solicitar embargos a partir del 11 de enero. Se trata de un juicio multimillonario en el que el Estado argentino ya fue condenado a abonar USD 16.000 millones por haber «retenido indebidamente» la mayoría accionaria de YPF en 2012.
La jueza Preska determinó que no otorgará una prórroga de 30 días para presentar avales, por lo que si no se presentan avales por el monto total el 10 de enero, el demandante podría iniciar pedidos de embargo contra el Estado argentino. «Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata», expresó Preska.
Milei espera la última palabra de la Corte de Apelaciones de Nueva York
Este juicio fue ganado por el estudio inglés Burford Capital y se prepara para negociar una suma considerable. La situación plantea desafíos para el gobierno de Milei, quien busca honrar las obligaciones y abrir un diálogo con los acreedores, según un escrito oficial. La decisión sobre la solicitud de «más tiempo» a la Corte de Apelaciones, por 90 días, aún está pendiente de respuesta.
La jueza Loretta Preska, a cargo de la corte del Distrito sur de Manhattan en Estados Unidos, determinó que Argentina se quedó de manera indebida con la mayoría accionaria de YPF y, por lo tanto, la condenó a pagar una indemnización de USD 16.000 millones. Según la sentencia, la nacionalización afectó a socios minoritarios de la empresa que aseguraron haber sido perjudicados, ya que no recibieron el mismo tratamiento que la española Repsol, a quien se le compró su paquete accionario por unos USD 5.000 millones.
En resumen, la pérdida en el juicio se debió a la consideración de la Justicia de EE.UU. de que la nacionalización de YPF por parte de Argentina no fue realizada de manera justa y equitativa, generando un perjuicio a los accionistas minoritarios que ahora buscan una compensación. Además, el estatuto de la empresa prohíbia cualquier tipo de expropiación.
