El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó la cautelar de la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei. Las razones fueron porque este todavía no entró en vigencia, debido a que tiene que pasar todavía por la revisión de la Comisión Bicameral, y porque “no hay razones graves y objetivamente impostergables para suspenderlo”.
A su parte, la Justicia le dio tres días al Gobierno nacional para que responda al amparo, acorde precisó LN+. Por el momento, no se conoce a ciencia cierta si esta decisión influirá en el curso de la marcha, que nuclea a varias organizaciones sindicales, partidarias y sociales. Es posible, además, que la central sindical convoque a un paro general en los primeros días de enero.
Por qué se rechazó la cautelar de la CGT
“En el supuesto traído a resolver, en el que se cuestiona la constitucionalidad del DNU 70/2023 en general, y de los aspectos laborales de dicho decreto en particular, y teniendo en cuenta que todavía no se encuentra vigente (conforme art.5 CCC), no encuentro que se den razones ‘graves y objetivamente impostergables’ (conf. Art.4 inc. 1ro. Párrafo 3), que habiliten el dictado de una medida cautelar “interina”, considerando para ello que la norma todavía no entró en vigencia, y que, de hacerlo solo afectaría a las situaciones que regula a partir de su vigencia, pudiendo, además, ser motivo de cuestionamiento en los procesos individuales que puedan suscitarse con motivo de su aplicación”, menciona el documento al cual accedió NA.
“De entrar en vigencia, habría derechos colectivos afectados -como por ejemplo lo relativo a la regulación de las medidas de acción directa-, pero ello debería ser necesariamente cuestionado ante la existencia misma de un conflicto de estas características que, al menos en la demanda, no se especifica”, indica otro de los párrafos de Ramonet.
Ya son varias las presentaciones judiciales contra el DNU del presidente. Además de la de la CGT, en el fuero laboral también la CTA inició un amparo. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en la justicia federal de La Plata y hay otras cuatro presentaciones en los tribunales en lo contencioso administrativo federal.