Este martes, el Gobierno nacional informó que la línea 134 está siendo bombardeada con «más de 300 denuncias por hora» de beneficiarios de planes sociales que enfrentan amenazas de perder su asistencia si no participan en la marcha convocada por la Unidad Piquetera y otras organizaciones sociales. Manuel Adorni, vocero presidencial, confirmó que hasta ahora han registrado 4,310 denuncias.
En una conferencia de prensa, Adorni puso a disposición de los beneficiarios la línea telefónica 134, instándolos a «denunciar a intermediarios» de organizaciones que los coaccionen para asistir a manifestaciones. A pesar de la movilización, el vocero aseguró que no se cortarán los planes y exhortó a respetar el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich.
El Gobierno busca prevenir coerciones a beneficiarios de planes sociales antes de la marcha contra el plan de ajuste propuesto por el presidente Javier Milei. Adorni enfatizó la necesidad de acostumbrarse a una normalidad basada en el estricto cumplimiento de la ley.
En respuesta al temor de interferencias antes de la movilización, el vocero anunció que la línea 134 recibió 4,310 denuncias hasta el momento, a un ritmo de «300 denuncias por hora». La medida apunta a proteger a los beneficiarios de planes sociales de amenazas y coerciones por parte de dirigentes o intermediarios que buscan su participación en protestas callejeras.
El anuncio del Gobierno nacional, en la víspera de la protesta, destaca la importancia de respetar los derechos constitucionales tanto de circulación como de manifestación. La línea 134 se presenta como una herramienta crucial para denunciar amenazas y asegurar que los beneficiarios no pierdan sus planes por no participar en la marcha convocada.
En esta nueva estrategia, el Gobierno nacional de Javier Milei habilita la línea 134 para que beneficiarios de planes sociales denuncien coerciones por parte de punteros políticos. En las primeras horas, se registraron 4,310 denuncias, aproximadamente 300 por hora, evidenciando la magnitud del problema. El Gobierno insiste en respetar la ley y garantizar que nadie pierda su ayuda estatal por no participar en manifestaciones.
