Rodolfo Barra, Procurador General del Tesoro, adelantó la estrategia política y legal del gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, en medio de la crisis relacionada con YPF y el enfrentamiento legal con el fondo buitre Burford en Nueva York. En ese marco, Barra dijo que hay intensiones de pagar los 16.000 millones de dólares el próximo 10 de enero.
«El 10 de enero el Gobierno no podrá dejar las acciones de YPF como garantía… pero adelanta que negociará otras opciones porque hay voluntad de pagar los 16 mil millones de dólares que dejó la polémica reestatización», expresó Barra en declaraciones citadas por la agencia NA. El funcionario dejó entrever que existen conversaciones en curso con diversas partes interesadas y que se explorarán vías alternativas para cumplir con las obligaciones financieras de manera equitativa.
«La voluntad de pago está presente», relató el exministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem, destacando la importancia de encontrar un terreno común para resolver el conflicto. Sin embargo, la situación se complica aún más con el juicio pendiente en Nueva York contra YPF y el fondo Burford. Barra, al abordar este tema, sugirió que el Gobierno argentino buscará negociar otras opciones, indicando una postura proactiva en medio de la compleja disputa legal.
El docente y doctor en Ciencias Jurídicas remarcó que el próximo 10 de enero será un día clave para el Gobierno y que no podrán utilizar las acciones de YPF como garantía, según las restricciones establecidas. No obstante, el Procurador sentenció que el Gobierno está comprometido con encontrar soluciones y negociar otras opciones para cumplir con la deuda de 16 mil millones de dólares dejada por la polémica reestatización de YPF.
Este anuncio se produce en un momento en que la administración de Milei enfrenta críticas y desafíos tanto a nivel nacional como internacional. La capacidad del Gobierno para resolver la crisis de YPF y manejar el litigio en Nueva York será fundamental en la percepción de la estabilidad política y económica del país en los próximos meses.
El análisis del polémico megadecreto de Javier Milei
Barra manifestó que la Argentina es, en términos culturales y constitucionales, un país hiperpresidencialista. Asimismo, defendió la constitucionalidad del DNU argumentando que no evita la intervención del Congreso, sino que insta a que este actúe de manera expedita, asegurando que, en casos de silencio legislativo, el Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de dictar normas para abordar las necesidades urgentes del país. «El DNU no saltea el Congreso, sino que provoca que trabaje rápido. Si hay silencio del Congreso, el Poder Ejecutivo puede dictar normas», concluyó.
